La Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, una iniciativa destinada a ampliar la capacidad de respuesta del servicio de defensa pública y acompañar el crecimiento de la demanda en toda la provincia. La aprobación contempla la creación de 20 nuevas Defensorías Públicas en distintas sedes judiciales así como la reconversión de una ya existente.
La sanción de la iniciativa se produjo luego del despacho favorable que recibió días atrás el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral, instancia en la que participaron, en representación de la Defensoría General, los Defensores Adjuntos Guadalupe García Petrini y Pablo Pupich. Durante su exposición, presentaron los principales fundamentos del proyecto, destacando la necesidad de preservar el equilibrio del sistema judicial frente al crecimiento sostenido de las funciones y responsabilidades asumidas por la Defensa Pública.
En esa oportunidad, los Defensores Adjuntos explicaron que las sucesivas reformas procesales incrementaron significativamente la intervención del Ministerio Público de la Defensa, sin que ese aumento de competencias estuviera acompañado por un fortalecimiento equivalente de su estructura. Asimismo, expusieron estadísticas e indicadores que reflejan el nivel de exigencia al que se encuentran sometidas las Defensorías Públicas y la necesidad de ampliar su capacidad operativa para garantizar una respuesta adecuada a la creciente demanda del servicio y fortalecer el acceso a la justicia.
En este sentido, señalaron que la situación resulta aún más compleja en el interior provincial, donde el modelo multifuero concentra en una misma dependencia la atención de distintas materias y, en muchos casos, las Defensorías deben intervenir en jurisdicciones extensas que implican mayores desafíos territoriales para garantizar una adecuada cobertura del servicio. Durante el tratamiento en el recinto, el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Bernardo Knipscheer, afirmó que “la organización judicial debe evolucionar al ritmo de la sociedad”.
Señaló que las reformas implementadas en los últimos años —como la oralidad y el Sistema Integral de Flagrancia— fortalecieron la capacidad de investigación del sistema judicial, pero también incrementaron de manera significativa la demanda sobre el Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, destacó que distintas reformas legislativas modificaron el marco de actuación de la Defensa Pública y generaron nuevas exigencias para su intervención. Entre ellas, mencionó los cambios introducidos por la Ley Nacional N.° 27.801 y la Ley Provincial N.° 11.035, que fortalecen las garantías procesales de niños, niñas y adolescentes, y la Ley Provincial N.° 11.122 (“Ley Joaquín”), que establece un régimen integral de derechos, garantías y asistencia a las víctimas de delitos.
Finalmente, y como parte de los fundamentos del proyecto, Knipscheer presentó datos que reflejan la evolución desigual de la estructura judicial en los últimos años.
