La Defensoría General participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba, donde se analizó el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.
En representación del Ministerio Público de la Defensa, los Defensores Adjuntos Guadalupe García Petrini y Pablo Pupich expusieron los principales fundamentos de la iniciativa, que posteriormente obtuvo despacho favorable y quedó aprobada en comisión, continuando ahora su tratamiento legislativo.
Durante la exposición, los Defensores Adjuntos señalaron que el proyecto de ley busca preservar el equilibrio del sistema judicial. En ese sentido, sostuvieron que las sucesivas reformas del sistema normativo han incrementado significativamente la intervención y las responsabilidades de la Defensa Pública, sin que ese aumento de funciones haya sido acompañado por un fortalecimiento de su capacidad operativa.
En ese marco, presentaron estadísticas que reflejan el nivel de exigencia al que se encuentran expuestas las Defensorías Públicas y que evidencian la necesidad de ampliar su estructura para garantizar una respuesta adecuada a la creciente demanda del servicio.
Además, expusieron indicadores que reflejan que el crecimiento institucional de la Defensa Pública no ha evolucionado al mismo ritmo que el experimentado por otros órganos del sistema de justicia, pese al sostenido incremento de sus funciones y responsabilidades, situación que evidencia la necesidad de avanzar en un fortalecimiento de su estructura.


El proyecto prevé una importante ampliación de la estructura del Ministerio Público de la Defensa en toda la provincia, mediante la creación de 20 nuevas Defensorías Públicas, así como la reconversión de una ya existente. Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa busca adecuar la estructura orgánica del servicio a los actuales modelos procesales, así como responder a las nuevas exigencias operativas y a la evolución de la litigiosidad en la provincia, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.



